El Ejército mexicano se las ha arreglado para dejar sus cuentas en la oscuridad. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha gastado en compras durante 2020 unos 32.175 millones de pesos, unos 1.554 millones de dólares, pero solo ha hecho públicas las contrataciones por una quinta parte de esa cifra. La cuenta deja unos 25.460 millones, más de 1.200 millones de dólares, que se han ido de las arcas del Estado sin dejar un registro público. Sedena ha justificado en varias ocasiones que la información se mantiene reservada por tratarse de asuntos de “seguridad nacional”. La falta de datos sobre cómo y en qué gastan los militares el presupuesto se ha vuelto un factor común en la Administración de Andrés Manuel López Obrador por las grandes obras que tienen a su cargo, como la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía o parte del Tren Maya. La Auditoría Superior de la Federación ha registrado además irregularidades en el desembolso de 246 millones de pesos, más de 11 millones de dólares, durante 2019, el primer año del Gobierno.
El Ejército gastó durante el año pasado unos 118.328 millones de pesos (5.716 millones de dólares), según ha reportado la Secretaría de Hacienda en el informe del presupuesto ejecutado. De esa partida, unos 32.175 millones se gastaron en comprar materiales, suministros, contratar servicios, bienes muebles e inmuebles, y hacer obras públicas. De acuerdo a la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cada dependencia debe publicar la información de sus adquisiciones en el portal oficial Compranet. Sedena solo reportó contratos por unos 6.715 millones, unos 324 millones de dólares. Sobre el resto, no se conoce rastro.
A la falta de rendición de cuentas se le suma que gran parte del dinero sí registrado se dio a través de contratos por adjudicación directa, un proceso excepcional en el que se elige al proveedor a dedo y sin competencia. Un procedimiento que el propio Gobierno ha recomendado “enfáticamente” no utilizar. Según las contrataciones registradas en Compranet, el 41% del dinero gastado por Sedena en 2020 fue otorgado en contratos de este tipo, unos 2.763 millones (133 millones de dólares), frente al 56,5% que fue dado a través de licitaciones públicas, unos 3.799 millones (183 millones de dólares). Este periódico consultó a la Sedena sobre la falta de datos sobre los gastos realizados, pero un portavoz no respondió a las preguntas.
La Secretaría de la Función Pública, el organismo encargado de vigilar a los empleados públicos, contempla que puede usarse la adjudicación directa por motivos de seguridad nacional. Pide priorizar otros mecanismos como la invitación a cuando menos tres proveedores, un tipo de contratación que solo registra el 2,3% del dinero usado por el Ejército el año pasado.
Marco Antonio Fernández, investigador de México Evalúa, asegura que esta de falta información retrata “el espíritu opaco del Gobierno” de López Obrador. “¿Quién está revisando la legalidad de las contrataciones del Ejército? Porque tenemos un serio problema de rendición de cuentas”, dice. “Yo entiendo que se excusen en la seguridad nacional con la construcción de un cuartel, pero no de un aeropuerto nacional”, agrega sobre el proyecto presupuestado en 85.000 millones de pesos. Fernández, profesor de la Escuela de Gobierno y Administración del Tecnológico de Monterrey, ha publicado un informe que alerta de una tendencia de la Administración a limitar la información de los contratos.
Las otras contrataciones del Gobierno de López Obrador, como se llama el documento, señala que las adjudicaciones directas y una categoría llamada “otras contrataciones” —utilizada en situaciones de emergencia y bajo la cual no se reportan especificaciones— se han disparado durante el primer año de la pandemia. También lo ha hecho el dinero concedido a través de estos mecanismos. Mientras que en 2019 se dieron por adjudicación directa unos 130.000 millones pesos (6.280 millones de dólares), el año pasado se otorgaron casi 200.000 millones (unos 9.662 millones de dólares), un aumento del 54%. El incremento fue tan repentino que posicionó al 2020 como el año del último lustro en que se dio más dinero a través de adjudicaciones directas que por licitación pública.
El diputado de la oposición Mario Alberto Rodríguez Carrillo reclama que el Ejecutivo haya prometido disminuir las adjudicaciones directas y no lo haya hecho. “Estamos en el camino equivocado. Están violentando la ley que dice que la licitación pública debe ser la regla”, reprocha el legislador de Movimiento Ciudadano. Rodríguez Carrillo, que preside la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior en el Congreso, alerta también sobre la opacidad de las cuentas de Sedena. “Subir a Compranet los contratos no pone en riesgo la seguridad nacional. Pero si el Ejército, que es la institución de mayor credibilidad de este Gobierno, se ve envuelto en un caso de corrupción, eso sí será un problema de seguridad nacional”.
Rodríguez Carrillo explica que ningún mecanismo de contratación está exento de corrupción, pero que la licitación pública “permite rastrear información”. Ante las críticas que ha despertado la falta de datos, la Auditoría Superior anunció que planea realizar 17 auditorías este año al Ejército. Una decena será solo del Aeropuerto de Santa Lucía, y otras dos de las contrataciones en las obras públicas.
La rendición de cuentas de Sedena en el pasado no sienta el mejor precedente. Como contó EL PAÍS en agosto, el Ejército mexicano desvió 156 millones de dólares a empresas fantasma entre 2013 y 2019. En uno de los casos revelados, la Secretaría desvió 24 millones de dólares bajo un convenio para modernizar las aduanas del que no se conocían detalles porque lo habían clasificado reservado por 12 años por motivos de seguridad nacional.
Irregularidades en 2019
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha encontrado irregularidades en el desembolso de 246 millones de pesos por parte de la Sedena en 2019. El órgano de control realizó siete auditorías a Defensa, cinco por la terminal aérea de Santa Lucía, según el informe del gasto público presentado el sábado. En el rastreo que hace el organismo, se alerta una anomalía en la compra de 49 predios para el aeródromo por un valor de 235 millones de pesos. La ASF informa que el Ejército está pendiente de aclarar esa adquisición.
Consultado sobre las irregularidades, el portavoz de Sedena ha asegurado que “todos los recursos se ejercen conforme la ley de adquisiciones” y que trabajan para responder las observaciones realizadas sobre sus actividades en 2019. “En todas las auditorías hay observaciones que son subsanadas posteriormente, pero que no alcanzan a integrarse al informe final” de la Auditoría, ha dicho. “Las áreas administrativas están verificando la información para establecer qué observaciones fueron subsanadas después de que se cerró el informe”.
Sobre Santa Lucía, el informe advierte de que Sedena dio a través de adjudicaciones directas los contratos para los proyectos de arquitectura e ingeniería sin tener aún los permisos para construir. Además registra duplicidad de facturas en algunos pagos y un “probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública por un monto de 812.977 pesos” en una transacción en la que se reportó un cambio de moneda distinto del publicado por el Banco de México. La Auditoría reclama también que los militares se excusen en la seguridad nacional para no revelar datos sin especificar “la forma en que vulneraría” la construcción.
Otra de las auditorías indica un probable daño a las arcas públicas de 9,7 millones de pesos en la construcción del Centro de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz en México, un espacio para capacitar a los soldados en misiones de paz. La obra inaugurada en enero de 2020 por López Obrador suma cuatro posibles procesos de perjuicio a la Hacienda pública por sobreprecios según la ASF.