Desde comienzos de junio, las autoridades judiciales de Egipto han condenado a duras penas de prisión a cinco jóvenes influencers del país acusadas de polémicos cargos como socavar los valores de la familia, tráfico de personas e incitar a la prostitución por sus contenidos visuales difundidos a través de las redes sociales.
Los veredictos más contundentes, y que más repulsa han generado, los dictó el domingo un tribunal de El Cairo contra Haneen Hossam, de 20 años, y Mowada Al-Adham, de 23, condenadas a 10 y 6 años de cárcel, respectivamente, además de a pagar una elevada multa. El 8 de junio, otra famosa influencer, Renad Emad, fue condenada a tres años de prisión por contenido difundido en las redes que las autoridades consideran indecente, y una semana después un popular dúo, formado por una madre y su hija, fue sentenciado a cinco años.
Los severos fallos contra las jóvenes han sido criticados por grupos de defensa de los derechos humanos, que han pedido a las autoridades que garanticen el derecho a la libertad de expresión sin restricciones arbitrarias. Su persecución ha sido interpretada como un reflejo de la hostilidad del régimen hacia el uso libre de internet y de su empeño por imponer su tutela moral a las creadoras de contenido en las redes sociales. También como la última muestra de la obstinación del Gobierno por definir los límites de la moralidad en un sector en auge.
“Como feministas, llevamos años alertando de que parece que el sistema quiera que las mujeres se vean de una determinada manera, por lo que, cualquiera que no esté dentro de ese [modelo], es acusada”, señala Mozn Hassan, una prominente activista y fundadora de la organización Nazra para Estudios Feministas. Hassan nota que la interpretación legal de estos casos, conectados con la polémica ley de prostitución y la trata de mujeres, es algo “muy alarmante y problemático” y explica las elevadas condenas.
El calvario de las conocidas como “chicas TikTok”, en referencia a la red social de vídeos cortos en la que la mayoría de ellas difundía sus contenidos, empezó el año pasado cuando las autoridades llevaron a cabo una campaña de arrestos durante la que fueron detenidas una decena de influencers. La mayoría se encuentra en la veintena, procede de entornos populares y han sido acusadas de delitos como atentar contra los valores familiares, promover el libertinaje y la prostitución y difundir vídeos sexualmente sugerentes.
Sus detenciones y condenas representan una de las primeras ocasiones en la que las autoridades egipcias recurren a los cargos morales que contempla una draconiana ley de delitos cibernéticos aprobada en 2018. Dos vagos artículos de la norma prevén penas de cárcel de entre seis meses y cinco años por contenido en internet contrario a la “moral pública” y a los “valores familiares”, aunque no define qué material constituye este delito. La Fiscalía y la policía cuentan con departamentos dedicados a estas cuestiones.
El uso de estos métodos de vigilancia y de estos cargos recientemente acuñados también son vistos como una nueva forma de controlar los cuerpos de las mujeres y su conducta en un sector emergente como el de las redes sociales. Durante las investigaciones, han sido recurrentes las referencias a sus cuerpos, a su ropa y a actividades como bailar para, luego, sugerir que se trataba de formas de incitar a actos indecentes, al libertinaje o la depravación, según han recogido medios locales. Además, aplicaciones como TikTok ofrecen oportunidades económicas a mujeres jóvenes de entornos con limitadas posibilidades, una opción ahora cortocircuitada. Activistas y grupos de derechos humanos insisten en que su actividad se corresponde al trabajo de cualquier creadora de contenidos del mundo.
“La sentencia contra Mowada y Haneen pretende ser un mensaje a todas las mujeres y jóvenes para que teman un duro castigo si creen que son libres de expresarse en internet en esas aplicaciones”, señala Mohamed Lotfi, el director de la Comisión Egipcia para los Derechos y Libertades, una de las nueve organizaciones que pidió el martes la revocación de sus condenas.
De esta manera, las autoridades egipcias han convertido este ámbito de la esfera digital en el último espacio donde seguir librando su batalla por fijar los límites de la moralidad, en línea con la represión de quienes desafían o no se ajustan a las rígidas normas sociales del país. De hecho, algunas de las detenciones se produjeron después de que abogados o personas a título individual se quejaran de hechos que consideraban inmorales ante la Fiscalía, que ha llegado a erigirse en guardián de las normas sociales.
Las sucesivas condenas a prisión también se producen cuando, a lo largo del último año, cada vez más mujeres están denunciando la arraigada cultura de la violación en Egipto. En el camino, están tejiendo fuertes redes de solidaridad, inusuales en el país, que ahora se han movilizado en buena medida para pedir que se reabran los procesos judiciales de las jóvenes y sean absueltas.