Barcelona es desde este lunes la única ciudad de España en la que sus habitantes no pueden entrar y salir, salvo por motivos laborales, pese a haber entrado en la fase 1. La explicación hay que buscarla en el criterio que aplica la Generalitat, que considera la capital catalana una única región sanitaria y eso enjaula a sus habitantes, a pesar de que la realidad metropolitana constituye una extensa malla de 40 municipios en la que habitan dos de cada tres catalanes.
La red de metro y tranvías de Barcelona, por ejemplo, se extiende a nueve ciudades aparte de la capital: L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà, El Prat, Esplugues, Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Sant Adrià de Besòs, Sant Feliu de Llobregat y Sant Joan Despí. Sin embargo, un barcelonés sigue sin poder salir de la ciudad a pesar de haber avanzado de fase, salvo que incumpla el criterio de movilidad de la Generalitat, que no toma como referencia la provincia, como sugiere el ministerio de Sanidad. Y lo mismo les ocurre a centenares de miles de personas de ciudades vecinas, que no pueden entrar a la capital como hacían a diario.
La aplicación de ese criterio provoca situaciones surrealistas. Un vecino de L’Hospitalet, la segunda ciudad más poblada de Cataluña, por ejemplo, no puede atravesar la calle Riera Blanca que limita con Barcelona para hacer una compra y en cambio podría recorrer más de 50 kilómetros con su vehículo para desplazarse a Vilafranca del Penedès. O viajar más de 60 kilómetros, hasta Castellet i la Gornal, ya en el límite con la provincia de Tarragona. La explicación es que esas dos ciudades tan distantes forman parte del área sanitaria metropolitana sur, igual que L’Hospitalet, y a la que no pertenece Barcelona.
“Todo esto me parece absurdo y demuestra que la Generalitat no entiende la realidad social y económica de la región metropolitana, es algo que les resulta ajeno”, se lamenta Núria Marín, alcaldesa de L’Hospitalet y presidenta de la Diputación de Barcelona. La edil se pregunta “¿quién controlará que se cumpla ese criterio?” y responde que ella no dará órdenes a la Guardia para que lo hagan.
Jaime Ventura, un jubilado de 76 años, asegura que lo que está sucediendo es “una incongruencia total y absoluta, un absurdo”, y explica su caso. Vive en la calle Mas de L’Hospitalet, y guarda su vehículo en un aparcamiento situado a 20 metros, enfrente de su casa, pero en el término de Barcelona. En ese mismo edificio está la farmacia y al lado, la panadería, a la que no ha dejado de acudir durante el confinamiento. “Es más razonable cruzar la calle que no caminar 600 metros para ir a otra panadería sin salirme de mi término municipal de L’Hospitalet”, explica. “Nunca me ha parado la policía, pero si lo hacen tengo muy claro que lo que estoy haciendo es de pura lógica”.