Los empresarios de Baja California se unen para defenderse del cobro indebido de agua, anunciaron que iniciaran una serie de denuncias penales contra funcionarios públicos y directivos de empresas de cobranza.
El Consejo Técnico Estatal de con Consejos Coordinadores Empresariales de Baja California explicó que las demandas que presentarán serán civiles y penales en contra de los organismos cobradores de agua y funcionarios estatales, ante las arbitrariedades cometidas en el cobro de supuestos adeudos por consumos y servicios de empresas y particulares.
Gabriel Camarena Salinas, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana (CCET) y del CTE; Sergio Guevara Escamilla, presidente de Ensenada; Rodrigo Llantada, de Mexicali; y el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías, denunciaron que los organismos operadores del agua y las particulares Fisamex y Extratimex han cobrado más de mil 400 millones de pesos a unas 450 empresas violando los procedimientos establecidos.
Señalaron que estas acciones violentan al estado de derecho, no respetan el debido proceso y dejan sin defensa a las empresas, ya que les cortan el agua o les bloquean el acceso a las redes de drenaje.
Destacaron que en caso de que no paguen los presionan a través de la Secretaría del Trabajo o de la Coepris para obligar a sus “víctimas” a pagar
Los empresarios afirmaron que: “nos preocupa mucho que estas acciones no estén apegadas a derecho, que se realizan bajo amenazas y represalias que tienden a negar la oportunidad a los usuarios para que puedan ejercer su derecho a la defensa”.
Advirtieron que estas acciones afectan el clima indispensable para la inversión local, nacional e internacional, ya que, advirtieron, genera incertidumbre y los empresarios se sienten amenazados ante el incumplimiento al estado de derecho en el cobro del agua y otros servicios.
Los dirigentes de los CCE de Baja California señalaron que los criterios para el cobro de agua exceden las facultades de los organismos operadores ya que invaden competencia de otros organismos como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y pretenden cobrar en sitios donde no brindan el servicio.
Los industriales afirmaron que no se niegan a pagar y están de acuerdo que se cobre a quien tenga adeudos, pero que se haga conforme a los procedimientos establecidos, conforme a la ley y al debido proceso, dando la oportunidad de defensa y por supuestos adeudos que ya prescribieron”.
Los empresarios lo que buscan es reestablecer el clima de certidumbre en medio de la crisis económica provocada por la pandemia. Señalaron que los consejos coordinadores de cada municipio van a apoyar a las empresas afectadas, en sus demandas civiles en contra de los organismos operadores y denuncias penales en contra de funcionarios y particulares que violan la ley al realizar acciones para los cuáles no están facultados.
El abogado Adolfo Solís Farías dijo que conforme al Artículo 218 del Código Penal Federal, comete el delito de concusión el servidor público que a título de impuesto o contribución, exija, dinero, valores, servicios que sepa no ser debida, o en mayor cantidad que la señalada por la Ley.
Por dicho delito los funcionarios y particulares con los que actúan en conjunto pudieran alcanzar una pena superior a los 5 años de prisión.
Finalmente los líderes empresariales dijeron que ha dialogado con diversos funcionarios públicos: “para hacerles ver los vicios en que están incurriendo al presionar a las empresas para que paguen los supuestos adeudos, sin que haya una respuesta positiva al respecto”.