Es habitual que las embajadas pidan a sus turistas que eviten viajar a ciertas zonas de México por seguridad. Más sorprendente resulta que las alertas rojas provengan de las propias autoridades mexicanas. En la última señal del pozo negro de violencia en que vive el país, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, llamó este jueves a no viajar al Estado vecino de Tamaulipas por la ola de desapariciones registrada en la carretera que va de Monterrey a Nuevo Laredo. Apenas 200 kilómetros que conectan la capital industrial de México con la frontera de EE UU, foco rojo del crimen organizado. Las asociaciones de familiares de víctimas denuncian más de 50 desapariciones en lo que va de año.
“Es público lo que está sucediendo. Hay que sugerir a la población de Nuevo León que eviten, si no es urgente, que tengan una vuelta, que se esperen a que esté todo tranquilo”, dijo ante la insistencia de los periodistas el gobernador saliente del Estado, que en apenas tres meses dará el relevo al nuevo mandatario local, Samuel García, que venció en las elecciones del 6 de junio. La llamada de Rodríguez no solo incluía la alerta roja para Nuevo Laredo, sino también para Reynosa, otro punto fronterizo sumido en una especie de estado de excepción durante los últimos días, con balaceras aleatorias que han dejado casi 20 muertes desde el sábado.
Las declaraciones de gobernador son la asunción de una derrota, una más, de las instituciones mexicanas ante su deber de garantizar la seguridad en su territorio. La incapacidad de la policía estatal y federal -la Guardia Nacional está desplegada en el Estado desde hace dos años- ha sido denunciada también por asociaciones de familiares de víctimas, que llevan, al menos desde mayo, reclamando a las autoridades que atiendan el problema en la carretera que conecta los dos estados.
“Hemos enviado dos cartas a la Fiscalía y al gobernador para pedirles no solo que nos protejan sino que al menos avisen de lo que está sucediendo”, explica por teléfono Angélica Orozco, portavoz del colectivo Fuerza por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León (FUNDENL), nacido a finales de la década pasada durante los peores años de violencia en el Estado, provocada por la llamada guerra contra las drogas del presidente Felipe Calderón.
La asociación de Orozco ha registrado al menos 49 desapariciones en lo que va de año. Mientras que otros colectivos, creados específicamente para atender los sucesos que se repiten en la carretera de Monterrey-Nuevo Laredo, cifran el número de desaparecidos en 109 personas, de los cuales 73 son de este 2021. Un grupo de familiares se manifestó este jueves a las puertas del Palacio de Gobierno de Monterrey.
Los familiares que, como en otros lugares del país, están batallando y presionando a las autoridades por dar con respuestas han detectado un patrón en los sucesos: los desaparecidos suelen ser trabajadores -generalmente transportistas- que viajan de noche o de madrugada. Aunque también hay casos diferentes, como un joven de Texas que viajaba rumbo a Monterrey para ver a su familia.
Teléfono apagado
El último contacto de José de Jesús Gómez, 45 años, con su familia fue la noche del 3 de enero. Gómez habló con su madre desde un hotel de Nuevo Laredo. Acaba de cruzar en su coche la frontera desde Irwing, Texas, la ciudad donde vivía y trabajaba como ingeniero informático. Tenía pensado seguir por la mañana hasta Monterrey para hacerse un tatuaje y de ahí continuar hasta la capital de Jalisco, Guadalajara, la ciudad de su familia. “El 4 por la tarde le llamamos para ver cuánto le quedaba paro el teléfono ya estaba apagado. No hemos vuelto a saber de él”, cuenta su hermana María.
“Es un tema de lucha entre cárteles”, ha dicho el gobernador Rodríguez. Hace dos semanas, ante las primeras informaciones publicadas por el portal Animal Político sobre los sucesos, el secretario de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci, apuntó a que detrás de la ola de desapariciones estaba una cacería de un grupo criminal contra otro proveniente de Jalisco.
La Fiscalía de Nuevo León ha abierto 41 carpetas de investigación por desapariciones la carretera a Nuevo Laredo y ha anunciado un dispositivo conjunto con su homóloga en Tamaulipas, ya que sostiene que todos los casos se han producido en el territorio del Estado vecino. Las familiares de víctimas denuncian la ineficiencia de las autoridades y que echan balones fuera con la excusa de la competencia entre Estados. “En Nuevo León dicen que no pasa nada pero eso no es así. Ya ha aparecido al menos un cadáver en esta parte de un trabajador que viajaba por la carretera desde Guanajuato”, apunta Orozco, con más de una década de experiencia en la búsqueda de desaparecidos en Nuevo León.
La telaraña administrativa que denuncia Orozco también la han sufrido los familiares de José de Jesús Gómez. Al día siguiente de su desaparición comenzaron a buscar ayuda en las fiscalías. La dependencia de Jalisco, su estado, les rechazó la denuncia al estar fuera de su jurisdicción. También les dijeron que no en Nuevo León, hasta que finalmente aceptaron a abrir una carpeta de investigación en Tamaulipas. “Eso fue en enero, pero desde marzo ya no nos toman la llamada ni nos responden los correos electrónicos. No sabemos nada más del caso”, añade su hermana.
En las declaraciones del gobernador Rodríguez llamando a no viajar a Tamaulipas, no solo se ha referido a Nuevo Laredo, sino también a Reynosa, otro punto fronterizo. El sábado, un grupo de hombres armados recorrió la ciudad de 600.000 habitantes asesinando aleatoriamente a 14 personas. Las autoridades terminaron ejecutando a cuatro presuntos criminales, arrojando un saldo de al menos 18 muertos de una guerra que no cesa, y que tiene uno de sus epicentros en el Estado amordazado del norte, frontera con Estados Unidos.
Fuente: elpais