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ZACATECAS SIN DINERO PARA PAGO DE MAESTROS, RECONOCE SECRETARÍA DE FINANZAS

Ricardo Olivares, secretario de finanzas del gobierno de Zacatecas reconoció que la actual administración que encabeza David Monreal no puede cubrir el pago de la nómina de maestras y maestros de la entidad, ni para continuar con el mantenimiento del sistema de pensiones.
La anterior situación, dijo es producto de una serie de decisiones equivocadas y manejos indebidos de las administraciones anteriores.
“La delicada situación que enfrenta el magisterio actualmente se debe a la omisión que el gobierno del Estado que entre 2014 y 2015 no introdujo a la planta docente como beneficiaria del fondo de la nómina educativa FONE la cual permitió a la Federación absorber en su mayoría las nóminas educativas estatales”.
Agregó que para hacer frente a este “error” las pasadas administrativas decidieron adquirir deuda a largo plazo, una determinación que terminó en profundizar la crisis financiera del estado.
Actualmente, dijo, necesitamos obtener 2000 millones de pesos adicionales para que las finanzas del Estado tengan viabilidad por lo que pidió cerrar filas en torno a David Monreal quien se ha comprometido a gestionar con el presidente Andrés Manuel López Obrador para el alivio de las finanzas.
“Es necesario que nos mantengamos unidos para apoyar al gobernador en las opciones que desde el inicio de su gestión está realizando”, indicó.
El funcionario estatal denunció que el gobernador anterior, Alejandro Tello de extracción priista tenía conocimiento de la falta de recursos para cubrir la nómina de los trabajadores y aun así no se tomaron las medidas necesarias para prevenir esta situación y heredarla al gobierno de David Monreal.
Ricardo Olivares recordó que, durante el periodo de transición, cuando asumió el cargo en la Secretaría de Finanzas, informó de manera inmediata de estas irregularidades al gobernador y al congreso local y en ese momento advirtió de la urgencia de pagar los créditos de corto plazo que fueron contratados por 750 millones de pesos y anticipos de participaciones por 300 millones de pesos.
Al desorden y la ineficiencia administrativa se pueden sumar posibles actos de corrupción de administraciones pasadas que podrán comprobarse a partir del proceso de transición que aún se está llevando a cabo, finalizó.

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