El primer icono de la lucha contra la corrupción de Andrés Manuel López Obrador se tambalea. Rosario Robles, exsecretaria de Estado mexicana, fue la primera funcionaria del Gobierno de Enrique Peña Nieto en caer en las redes judiciales y la primera en pisar una cárcel. La extitular de dos carteras en el anterior sexenio cumple año y medio en prisión preventiva. Tras un cambio de estrategia en su defensa, ha comenzado a negociar con la Fiscalía General de la República (FGR) una reducción de su pena a cambio de declararse culpable de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y omisión que permitieron desvíos millonarios. La posibilidad de llegar a un acuerdo siembra dudas sobre la intención de la actual Administración de destapar la red que permitió La Estafa Maestra, un escándalo de corrupción que implicó la defraudación de unos 15.000 millones de pesos.
Sobre Robles recae el peso de ser la cabeza visible de La Estafa Maestra. La exfuncionaria, que estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (2012-1015) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2015-2018), fue arrestada en agosto de 2019. Se trataba del primer golpe en el supuesto combate a la corrupción de este sexenio. La Fiscalía le acusó de haber desviado más de 5.000 millones de pesos (unos 250 millones de dólares) destinados a programas sociales a través de contratos falsos con universidades públicas. Robles, que ha negado siempre los cargos, ni siquiera intentó apegarse a la figura de testigo colaborador hasta el pasado noviembre. “No tiene a quién inculpar por delitos más graves”, justificaba su abogado Epigmenio Mendieta tres meses antes.
La defensa de Robles dio un giro en noviembre del año pasado con la aparición en escena de un excolaborador. Emilio Zebadúa, que ocupó el cargo de oficial mayor en esas dos carteras y tenía acceso a las cuentas, decidió colaborar con la Fiscalía. La señaló entonces como una de las orquestadoras del entramado y la acusó de tener reuniones semanales con otros funcionarios para planificar los desvíos y decidir los pagos según las “necesidades de sus actividades político-electorales y proselitistas”. Tras conocerse la declaración judicial de Zebadúa, Robles informó a través de su cuenta de Twitter, manejada actualmente por su hija, que iba a acogerse a la figura de testigo colaborador. Estaba dispuesta a hablar “con la verdad”.
Después de ese anuncio, poco se supo de su situación judicial hasta el miércoles pasado. En una audiencia en la que estuvo ausente alegando problemas de salud, los abogados defensores anunciaron que Robles quería negociar una reducción de la pena a cambio de declararse culpable de los dos delitos que se le acusan, penados con un máximo de hasta siete años. Si la Fiscalía acepta el acuerdo, la jugada podría rebajarle el tiempo en prisión hasta un tercio de la condena, explica la abogada Estefanía Medina, de la organización Tojil. Lo que implica apenas unos meses más en prisión. “Sería terrible que eso pase, estaríamos frente a un pacto de impunidad”, dice la especialista en casos de corrupción.
De cerrar un acuerdo, el juicio se transformará en un procedimiento abreviado. México no verá, de esta forma, a la Fiscalía presentar una hipótesis y sostenerla con pruebas. No se conocerá la investigación que hayan hecho las autoridades para llevar a la funcionaria ante un tribunal. Lo que acuerde se hará en privado y solo se conocerá la sentencia que hayan negociado. “Es una derrota para los ciudadanos. Será una completa simulación, nos quedaremos sin saber qué pasó y sin una condena ejemplar”, dice Medina. La abogada asegura que la FGR ha hecho un trabajo deficiente desde el principio y nunca ha tenido la intención de destapar por completo la red de corrupción. “Ha sido una simulación. Tomaron al personaje insignia que era Robles y la metieron en prisión para mandar un mensaje de justicia social”, agrega.
Tojil junto con otras organizaciones de la sociedad civil intentaron involucrarse judicialmente en la causa como víctimas del saqueo a las arcas públicas, algo contra lo que la FGR luchó en los tribunales, y finalmente ganó. “La Fiscalía gastó más tiempo en litigar contra nosotros que contra Robles. Ha habido una intención muy fuerte para mantenernos alejados del caso”, asegura la abogada.
El caso de Rosario Robles no ha sido más que un escaparate de la lucha anticorrupción de la actual Administración, comenta Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana. La exfuncionaria es la cara visible de un entramado que incluyó a unas 570 personas de las que poco se sabe. Solo nueve exfuncionarios fueron imputados por la Estafa Maestra, todos por delitos leves. Ninguno, excepto Robles, terminó en la cárcel. “Estamos en presencia de un Gobierno y una Fiscalía que han usado un enfoque político, han construido narrativas con personajes para mandar mensajes. Han hecho un uso político de la justicia”, dice.
La elección de la figura de Robles no es al azar para Bohórquez. “Ella puede haber hecho lo que se le acusa, pero además tiene una historia política con López Obrador”. Antes de ser funcionaria de Peña Nieto, Robles era una de las estrellas prominente de la izquierda mexicana. Fue la primera mujer en ocupar el puesto de jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y fue quien le entregó ese cargo a López Obrador en 2000 tras apoyar su candidatura. Ambos políticos rompieron tras la salida abrupta de la exsecretaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en medio de señalamientos cruzados de financiación ilegal de las campañas electorales. “Ella conocía todos los secretos del jefe de Gobierno”, agrega.
La posibilidad de alcanzar ahora un acuerdo pone entredicho la narrativa anticorrupción del presidente. “No hay nada nuevo bajo el sol”, dice Bohórquez. “No se ha desmantelado ninguna red y no se han recuperado los activos. Esto ya lo hemos visto, sigue habiendo un pacto entre la clase política”.
Fuente: elpais